La política de Gustavo Petro de negociar, a la vez, con diversos grupos armados –políticos y delictivos– enfrenta numerosas dificultades, entre ellas, la desconexión entre la estrategia de paz y las políticas de seguridad. Al mismo tiempo, varios grupos se han venido aprovechando de la retórica de la paz para ganar tiempo, reducir la presión de las fuerzas de seguridad y tratar de fortalecerse, y ponen en riesgo una de las principales promesas de campaña del presidente.

Las negociaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han logrado acuerdos parciales en materia de participación política, desarrollo agrario y política de drogas. Ahora se está discutiendo sobre la justicia para las víctimas, y en ese marco ha habido avances en la búsqueda de mecanismos para desescalar el conflicto, entre ellos un acuerdo concreto sobre desminado. Sin embargo, los retos son múltiples: un sector de la política y de la sociedad colombianas se opone al proceso en sus términos actuales y, más allá de la firma de un compromiso, su implementación y las tareas que implica el posconflicto pueden ser aún más complejas que el logro del tan esperado acuerdo final.